Nuevas medidas sobre desahucios

Parchear el problema de los desahucios


Tal y como se esperaba, el Consejo de Ministros de ayer jueves ha aprobado una serie de medidas que buscan la “protección de deudores hipotecarios”, una decisión necesaria que aliviará la situación de muchas familias, pero que genera dos grandes cuestiones:

La primera, si parar un desahucio es la solución adecuada y la segunda si los límites se quedan cortos.

Empezando por la segunda, para poder paralizarse un desahucio se han acordado una serie de condicionantes, muy cercanos a lo que se especulaba y lo que se entendía por “condiciones extremas” tal y como había expresado en el anuncio de moratoria la Asociación Española de Banca (AEB) y comenté en TV. Estas que las engloba el Gobierno como protección a “los colectivos más vulnerables” incluye a quienes no superen 3 veces el nivel de renta del IPREM (1.597 euros mensuales, 19.164 euros anuales), cuya cuota hipotecaria sobrepase el 50% de los ingresos netos (no incluyendo otras deudas) y además cumpla alguna de estas circunstancias: familias numerosas o con menores de 3 años de edad; unidades monoparentales con al menos dos hijos menores a su cargo; con personas que por enfermedad estén incapacitadas para trabajar o con discapacidad mayor al 33%; en supuestos de violencia de género que estén en desempleo y hayan agotados el acceso a las prestaciones..

¿Por qué no establecer motivos diferentes y no que sean excluyentes? Es decir, estar en situación de desahucio y ganar menos de 1.600 euros por familia ya se antoja suficiente, si además hay que incluir cargas familiares o sobrendeudamiento, lo que se consigue es que los beneficiados sean muchos menos. Esta misma cantidad repartida entre una familia numerosa de 5 miembros, significa tener una renta per cápita de apenas 300 euros al mes.

Si se entra en este supuesto, se consigue una moratoria de 2 años ¿Prorrogable? Habrá que leer la letra pequeña pero de momento nada se ha dicho, y este aspecto es importante, desde luego se tiene que vigilar que no se abuse de esta norma, pero también tener muy en cuenta las dificultades económicas actuales y que muchas familias tardarán en volver a la senda de la recuperación.

Parchear el problema de los desahucios


Pero en el fondo, lo que hace esta decisión es paliar, en mayor o menor medida un problema, pero no lo evita. Ante un incendio, lo primero que se hace es echarle agua, pero para evitarlos en el futuro hay que hacer cortafuegos, limpiar el monte, poner medios suficientes. En el caso de la pérdida de la vivienda, antes de que una comisión judicial te desaloje han pasado muchos meses en el que en la mayoría de los casos una familia no puede hacer nada para evitarlo por las condiciones que establece la normativa hipotecaria con tipos de intereses de demora muy altos o exigiendo la totalidad de la deuda a las que hay que sumar en el tramo final altas costas judiciales.

El camino, tiene que empezar con un cambio legislativo en el que se prime la negociación por encima de la ejecución hipotecaria, y poniendo límites máximos para hacerla viable: Alargando plazos, no permitiendo tipos de interés de refinanciación disparatados, con un plazo mayor para dar margen al pago de la deuda antes de comenzar el proceso judicial, periodos de carencia…  Habla que tratarlo con Bruselas, pero si tenemos en cuenta la protección en otros países de nuestro entorno, no debería ni ser un problema ni influiría negativamente en el precio de las hipotecas, ya que si se siguen pasos lógicos lo que se conseguiría incluso es beneficioso para los bancos, que tendrían menos créditos en mora al hacerles más viables.

Existen muchos márgenes y muchas posibilidades para poder complementar una medida como la acordada hoy que se queda muy coja, que busca frenar uno de los principales problemas sociales actuales que es el desahucio, pero que ni llega a todos los que lo necesitan y principalmente no ataca el problema desde la raíz.

Artículo publicado en los medios online de Editorial Prensa Ibérica.