¿Qué pasos hay que seguir para realizar aportaciones a un patrimonio protegido para minusválidos?

En el caso de no conocer el tipo de minusvalía


El patrimonio protegido es una figura que pretende ofrecer a contribuyentes con discapacidades un fondo patrimonial vinculado de forma inmediata y directa a la satisfacción de sus necesidades vitales.

Los requisitos fundamentales para constituir un patrimonio protegido son que el titular-beneficiario sea una persona con discapacidad, en el sentido de la ley, y que se formalice en documento público (siendo posible su constitución judicial en determinados supuestos).

En el acto de constitución mediante documento público se deben regular una serie de importantes cuestiones, que dependen del caso concreto y que requieren un análisis individualizado. En cuanto a la discapacidad, únicamente tendrán la consideración de personas con discapacidad:

  1. Las afectadas por una minusvalía psíquica igual o superior al 33 por 100.

  2. Las afectadas por una minusvalía física o sensorial igual o superior al 65 por 100.


En el caso de no conocer el tipo de minusvalía


Desconociendo el tipo de minusvalía, no se sabrá si se podrá considerar para poder ser beneficiario. En este sentido, se debe indicar que la Ley 1/2009 en su disposición final segunda prevé que el Gobierno remita un Proyecto de Ley de mejora del tratamiento fiscal de estas instituciones. A día de hoy no se ha cumplido tal mandato, pero no es descartable que a corto o medio plazo se presentara tal norma.

¿Qué deduciones cabe esperar?


A día de hoy la legalidad vigente configura un régimen que presenta las siguientes notas destacables:

  • Para el beneficiario de las aportaciones se prevé que serán tratadas como rendimientos del trabajo hasta el límite de 10.000 euros anuales por aportante y 24.250 euros anuales en conjunto. De esta forma, estas aportaciones no quedan sometidas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y pueden disfrutar de una exención establecida en el IRPF que puede llegar a ser tres veces el importe del IPREM.



  • Para los aportantes se permite una reducción en la base del IRPF de hasta 10.000 euros anuales por cada aportante, sin que el conjunto de reducciones practicadas respecto a un mismo patrimonio protegido pueda superar 24.250 euros anuales.


Se debe tener en consideración que existen ciertas reglas especiales para aportaciones no dinerarias, para aportaciones de personas jurídicas y, sobre todo, un régimen de mantenimiento de las aportaciones en el patrimonio bastante estricto (unido a los mecanismos de control establecidos por la normativa sustantiva), cuyo incumplimiento supone la pérdida del beneficio fiscal.